Aborto en la Argentina, una deuda de la democracia

El caso de una niña de 13 años que fue violada y su aborto no punible no fue autorizado inicialmente volvió a instalar en la agenda mediática el debate sobre el aborto, la primera causa de muerte materna en el país cuando se realiza de forma insegura.

En un escenario donde se ignora  el Código Penal cuesta visualizar un futuro de mayor libertad y decisión sobre el propio cuerpo como ocurre en Uruguay desde fines de 2012.

El jueves 17 de abril, María Soledad F., de 19 años, murió en Jujuy como consecuencia de la clandestinidad del aborto. Pasó por tres hospitales con mucho dolor y el diagnóstico de la muerte del feto. La despacharon, la hicieron caminar una gran distancia y jamás la ayudaron en su traslado. Finalmente, falleció en su tercer destino. El embarazo inviable, por ley, ya era suficiente para practicarle una interrupción del mismo (“aborto terapéutico”, art. 86 del Código Penal).

Pero además, la atención post-aborto eficiente y cordial figura en un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. No se cumplió con ninguna de las dos normas.

La semana siguiente había sido noticia el caso de una chica de 13 años, violada por su padrastro y embarazada, que solicitaba un aborto no punible en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Su madre había hecho la denuncia el 21 de marzo, pero ni la Justicia ni la policía la acercaron a un hospital público para asistirla.

Un mes después, con dolores y contracciones, logró que se le hiciera una ecografía. Luego de confirmar el embarazo pidió la aplicación del aborto no punible. En el Hospital se lo negaron argumentando que, al estar en la semana 23 de gestación, el aborto ponía en riesgo la vida de la madre.

Ese diagnóstico fue desmentido por los médicos Stella Manzano, José M. Belizán y Fernando Althabe en varios medios periodísticos. Sin respuestas, luego de varios días de incertidumbre, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y el Movimiento de Mujeres informó que, en el marco de lo que dispone la ley vigente y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se procedió a la interrupción del embarazo con medicamentos de manera privada. El procedimiento fue concluido en un hospital público sin haberse detectado ninguna complicación.

El Estado ausente

“Queda demostrado que los dichos de las autoridades del Hospital de Moreno eran falsos. Fundamentaron la negativa a realizar el aborto en supuestos criterios técnicos alrededor de la edad gestacional y el delicado estado de salud que ostentaba la niña, afirmando que de realizarse la práctica se ponía en peligro su vida. Con esos criterios violaron la ley, principios constitucionales y pactos internacionales de Derechos Humanos”, afirmaron en un comunicado las organizaciones de mujeres que acompañaron a la víctima y a su familia y que las apoyarán, también, en las acciones legales que presentarán contra quienes vulneraron sus derechos.

En ambos casos, Jujuy y Moreno, el conjunto de instituciones estatales de salud demostraron ser ineficientes. El Estado estuvo ausente. En lugar de garantizar el derecho de la víctima, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud y la directora del hospital incumplieron con su responsabilidad legal de proveer este servicio y la obligaron a realizarse el aborto, que no es punible, fuera del sistema.

Las organizaciones que la asesoraron y ayudaron en el procedimiento los denunciarán por violencia institucional e incumplimiento de deberes de funcionario público. “En la dilación y obstaculización de la práctica del aborto no punible”, afirmó María José Lubertino, ex legisladora y activa militante por el derecho a elegir de las mujeres.

La ley y la trampa

Las demoras intencionales, derivaciones innecesarias y judicializaciones injustificadas a lo largo de múltiples casos, muchos de los cuales nunca conoceremos, siguen siendo moneda corriente  a pesar de que en 2012 la Corte Suprema ratificó, aún siendo innecesario, que los abortos por violaciones no son punibles.  Que basta con hacer la denuncia y presentar una declaración en cualquier hospital para que la intervención se realice, independientemente de las “objeciones de conciencia” que pueden ser personales pero no institucionales.

La realidad demuestra, a los fines prácticos, que el aborto no punible es una medida tan paliativa como necesaria, pero impracticable. Que el ejercicio del derecho real continuará siendo un interminable camino de obstáculos para las mujeres violadas mientras los supuestos ‘objetores de conciencia’ continúen practicando abortos ilegales en sus consultorios privados, pero negándolos en el sistema público.

Tampoco ayudan las organizaciones religiosas con entrada libre en Hospitales Públicos, acceso a entornos familiares y capacidad de influir sobre las decisiones de las mujeres que allí se atienden. Sumado al silencio de los funcionarios ante los pocos casos que se conocen, que evaden sus responsabilidades o, peor aún, que hacen públicos los abortos como fue el caso del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en 2012.

Una deuda de la democracia

El aborto ilegal en la Argentina en el siglo XXI es una realidad difícil de comprender. Y que necesita tratarse con urgencia. A más dilación, más muertes. Un promedio de 100 mujeres al año mueren por causas derivadas de abortos inseguros. Mientras las mujeres pobres y jóvenes, en su mayoría, pagan con su vida el precio de una decisión sobre su propio cuerpo, las favorecidas económicamente abortan en clínicas privadas y en secreto.

El aborto inseguro es la primera causa de muerte materna en el país. Obligarlas a ser madres también es violencia de género. Como expresó la socióloga e historiadora Dora Barrancos: “La penalización del aborto es un escándalo del derecho, una de las mayores violencias que todavía subsiste en la propia Ley. Este es uno de los motivos fundamentales para que el aborto esté en la agenda política. Debe reunirse la voluntad de cambio porque el protoderecho es el derecho al cuerpo. Si no hay derecho al cuerpo, todos los demás derechos están de más”.

(*)  Licenciada en Periodismo.

1 comentario

  • Andrés Aguilera G. dice:

    Por lo menos existe ya alguna regulación sobre algunos tipos de aborto en la Argentina. Lamentablemente en Chile todo, pero todo tipo de aborto está 100% prohibido y penado por la ley. Es hora de que nuestras democracias se renueven y se pongan al día con la contingencia nacional y dejen de tomar decisiones a 4 paredes!

Deja un comentario