El ajuste como el significante que atraviesa la etapa

La clave fundamental que permite analizar y posicionarnos frente a la coyuntura política  económica y social de la actualidad consiste en ubicar al  ajuste como el significante fundamental que atraviesa la etapa.

Un ajuste que, instrumentado hace ya largo tiempo por el Gobierno Nacional a través del proceso inflacionario emergido a partir del 2007, adquirió nuevos contenidos a partir de la etapa que se abrió a finales del 2011 con el cuadro de escasez de divisas que se agrega y que luego de los resultados electorales de octubre del 2013 presenta una mayor profundidad y alcance a partir de dos medidas precisas: La devaluación de principios del 2014 (del 23% en enero y acumulando un aumento anual del 60%) y la duplicación de la tasa de interés (del 14% al 28% – 30%), que impactan reduciendo (ajustando) el salario en dólares y achicando (ajustando) el nivel de actividad doméstica.

No se trata de efectos no deseados, sino por el contrario, del objetivo explícito que busca la estrategia del  Ajuste en tanto la misma intenta garantizar los dos requerimientos básicos del poder económico doméstico. Recomponer las rentas en dólares de los principales actores económicos (y en primer lugar de la cúpula exportadora, y por eso el ajuste en el salario en dólares) y garantizar el saldo comercial necesario para afrontar los compromisos de deuda (de ahí que el aumento de la tasa de interés busque ajustar el nivel de actividad y con él, reducir el volumen de las importaciones).  Así la estrategia del Ajuste que el Gobierno Nacional lleva adelante resulta la expresión del compromiso del Gobierno con los intereses de la cúpula empresarial trasnacionalizada y los acreedores del país.

Al ser el Ajuste una estrategia del Poder Económico, las expresiones políticas opuestas al gobierno pero comprometidas con el sistema, se enfrentan con una dificultad: la de no poder rechazar esta estrategia. Más aún, comprometidos con la reproducción del sistema, las variantes opositoras enarbolan una crítica respecto a la incompletud del Ajuste en curso. En efecto, es común escuchar sus demandas en dos aspectos precisos: 1) Plan antiinflacionario de la mano de los programas conocidos como “metas de inflación” y 2) Ajuste Fiscal, traducido preponderantemente en  términos de quita de los subsidios a la energía, gas y agua y consiguiente aumento de las tarifas de estos servicios públicos (aunque en la práctica lo que reclaman es la caída en términos reales del gasto público).

Estas medidas completarían el ajuste que demanda el sistema, profundizando la recesión, e implicarían “hacer el trabajo sucio” para el próximo Gobierno y dilapidar el menguado consenso social que aún le queda a la gestión gubernamental.  En este marco el debate ubica a una oposición que “demanda más ajuste” y a un gobierno que “ajusta pero no tanto”, pretendiendo sostener por esta vía, y a contramano de los efectos sociales de la política oficial, la retórica de “un gobierno nacional y popular”.

Ahora bien, el compromiso con el ajuste por parte de la oposición del sistema se inscribe en un contexto donde los resultados electorales de octubre del 2013, que definieron la imposibilidad de re-reelección presidencial, configuran un escenario electoral 2014 – 2015 que impide cualquier tipo de pacto explícito por el Ajuste del conjunto del Sistema Político.  Así la paradoja radica en que acordando con el Ajuste, el Sistema Político Dominante no es capaz de cerrar filas expresas en torno a él.

Cualquier aval expreso por parte de los actores políticos de la estrategia en curso supone atarse a la suerte de la actual gestión gubernamental. Es esta imposibilidad de bancar el ajuste por parte del sistema político el que le imprime un rasgo de inestabilidad adicional  a esta etapa, puesto que no es capaz de ilegalizar del todo el conflicto social que trae aparejado.

En efecto, en términos sociales, lo que ha sido el reflejo del Ajuste no fue sino el crecimiento de la conflictividad social, que desde el acuartelamiento policial de finales del 2013, impuso un nuevo piso a la demanda social (ejemplificados en la comparación de las retribuciones de los agentes de seguridad con el resto de los agentes del sector público), y cuyas expresiones más claras en los últimos días, lo constituyó la dificultad de resolver el conflicto docente.

Esta conflictividad creciente, a pesar de aprovechar las fisuras que el sistema presenta al no poder “Pactar el Ajuste”, se enfrenta con una solapada estrategia represiva que busca criminalizar la protesta social. En efecto, desde el resultado objetivo del acuartelamiento policial (más financiamiento y salario para las fuerzas de seguridad), pasando por la mayor presencia de fuerzas represivas en el territorio, y con la coronación de Milani al mando del Ejército (que supone la subordinación de la Inteligencia Interna a la conducción militar), con la excusa del combate al narco y a la delincuencia, se agravan las  experiencias represivas concretas por parte de las fuerzas de seguridad en los conflictos sociales.

En este marco, y solidario con la idea de no debatir el Ajuste, apareció en escena la “Reforma del Código Penal”, que objetivamente se ha constituido en el nuevo falso debate entre el oficialismo y la oposición conservadora. Falso en tanto ni la opción supuestamente “garantista” del gobierno nacional ni la opción “mano dura” al estilo Blumberg que enarbola la oposición (y principalmente el Frente Renovador) ponen en el centro de la cuestión la problemática del crimen organizado que involucra a las fuerzas de seguridad ni mucho menos la violencia estructural sobre la que se asienta nuestra sociedad, que son las que  explican la emergencia de la delictividad vigente.

En la práctica esta  puesta en escena de la discusión del Código Penal restituye, nuevamente, en cierto imaginario la idea de “gobierno nacional y popular” versus “oposición conservadora y fachista”, mientras se desplaza el debate sobre el Ajuste y los acuerdos que estas dos opciones del sistema tienen para con él mismo.

Sumado a ésto, al realizar el Gobierno un Ajuste Incompleto para las demandas de la cúpula, le abre la puerta, por vía del aumento nominal de los salarios (del 30%) aunque por debajo de la inflación (mínima del 35%), a una nueva presión por parte de la cúpula empresarial para devaluar (algunos ya le ponen fecha para después del Mundial, una vez que se liquide la cosecha de soja) de manera de volver a recuperar las rentas en dólares que el aumento nominal de los salarios tiende a disminuir.

Lo expuesto demuestra cuáles son las contradicciones y dilemas que constituyen el punto ciego de la estrategia del ajuste. En tanto su despliegue no sólo no las resuelve sino que las exacerba. Así las cosas, queda claro entonces que sólo renovando y democratizando el sistema político se puede dar cuenta de los desafíos que se ciernen sobre nuestra sociedad. Argentina no necesita “perfeccionar el Ajuste”, sino trabajar un acuerdo que siente las bases para una salida Popular y democrática a la crisis.

(*) Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, presidente del bloque Unidad Popular – economista.

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