Argentina y su encrucijada: lógica política versus racionalidad económica

A pesar de lo pronosticado por los mercados y en contra de la estrategia del Gobierno Nacional, finalmente el desenlace para Argentina en la Corte Suprema de Estados Unidos fue el más desfavorable de todos los posibles. La Corte norteamericana decidió rechazar – en vez de aceptar o postergar – el pedido de apelación del fallo a favor de los tenedores de deuda no reestructurada.

En su fallo original allá por 2012 – confirmado por la cámara de apelaciones en 2013 – y ahora rectificado por la Corte Suprema estadounidense (o más bien, no tratado) , el juez Thomas Griesa ordenó al gobierno argentino a pagar lo adeudado con aquellos acreedores que no habían aceptado los canjes de 2005 y 2010: una suma cercana a los U$S 1.330 millones a los cuales deben sumarse los intereses acumulados.

A este resultado adverso se le suma que la Corte también rechazo el pedido argentino para evitar que los litigantes accedan a la información que tiene el sistema financiero norteamericano sobre los bienes de Argentina – datos que serian especialmente relevantes en caso de solicitar embargos.

La historia del gobierno de Cristina – y el de Néstor Kirchner – y la deuda soberana no se explica solamente desde la lógica económica, sino que está plagada de ribetes políticos.  Desde el default de 2001, Argentina decidió auto-excluirse de los mercados internacionales de crédito tomando la idea del desendeudamiento – que no es tal si se lo mide en términos absolutos – como bandera de una aparente victoria en contra de un enemigo más bien abstracto corporizado en aparentes poderes económicos contrarios a los intereses del país.

Así, el pago en efectivo por $ 10.000 millones al FMI en 2005 no buscó tener una lógica económica – la cual es difícil de encontrar – , sino más bien dar una imagen de liberación simbólica. En la misma línea, el endeudamiento a una tasa del 16% (en dólares) con el Gobierno venezolano en 2008 no pretendió optimizar la posición financiera del país, sino más bien esquivar las decisiones necesarias – posiblemente costosas en términos políticos – para volver al mercado de crédito global y obtener tasas más favorables.

El mismo motivo explica la toma de políticas económicas drásticas (y evidentemente inconvenientes en el largo plazo) de los últimos años – tal como la reforma de la carta orgánica del Banco Central con el objetivo de cubrir déficit con mayor emisión –  para reemplazar la falta de crédito.

De igual modo, la actitud del gobierno respecto del reclamo judicial de los holdouts parece obedecer más a motivaciones políticas que a un sentido económico. No porque el reclamo de los bonistas en default sea justo, sino mas bien porque la estrategia confrontadora del gobierno terminó dejando a los fondos especulativos con mucho más poder de negociación del que tenían cuando el reclamo comenzó.

Tal vez como parte de su estrategia pero también como parte de la propia dialéctica del discurso oficial, Argentina en ningún momento mostró voluntad de negociación con los fondos que habían quedado fuera del canje. La exageración en las declaraciones públicas por parte del gobierno en contra de admitir cualquier negociación que implicara pagar a los holdouts (e incluso de cumplir una eventual sentencia negativa) fue tal que el propio juez Griesa en su fallo de 2012 la menciona como argumentos para sostener su decisión.

Posiblemente un acercamiento con una posición más conciliadora hacia los acreedores hubiera sido impopular y hubiera sido contraria al discurso oficial independentista, pero hubiera dejado al país en un estado más favorable, con mayor poder de negociación y seguramente mejores perspectivas económicas de largo plazo.

Dicho esto, resulta difícil a esta altura determinar si la racionalidad económica va a primar (con el costo político que ello pudiera significar) o el móvil de las decisiones respecto de la deuda seguirá siendo puramente político o discursivo. Las opciones para Argentina son claras. Si decidiera cumplir con el fallo, debería pagar inmediatamente los cerca de U$S 1.500 millones reclamados más la eventual suma de otros U$S 10.000/13.000 M de acreedores en posición similar.

Si, por el contrario, decidiera no cumplir pero sin defaultear la deuda reestructurada, debería buscar la aprobación de la gran mayoría de los acreedores para modificar la jurisdicción de los bonos que están actualmente legislados bajo la ley de Nueva York y cuyos pagos serían potencialmente embargables.

Un punto intermedio sería intentar negociar con los holdouts un pago con deuda soberana. Un arreglo similar al que se hizo con el pago a Repsol (en el cual la compañía recibió bonos argentinos en vez de efectivo por los cerca de U$S 5.000 adeudados, que liquidó inmediatamente) podría ser una alternativa plausible, aunque bajo el riesgo de que aquellos bonistas que sí aceptaron el canje reclamen una compensación extra, contemplada en el pliego de la reestructuración de 2005.

Un punto interesante es que dicha clausula, que obliga al Estado Argentino a mejorar la oferta de 2005, en caso de ofrecer mejores condiciones a los bonistas no adheridos, vence a fin de año, por lo que una salida consensuada con Griesa posiblemente buscaría extender el plazo de negociación hasta 2015.

Las consecuencias económicas negativas de un eventual default (ya sea declarado o por incumplimiento) son conocidas. Por un lado, el aumento del riesgo crediticio de la deuda soberana no es una buena noticia para Argentina, que cerró 2013 con un déficit financiero (neto de ingresos de Anses y el BCRA) de 4.5% del PBI (mayor que el del 2000 y 2001) y la necesidad de acceder a los mercados de créditos internacionales se hace cada vez más evidente, incluso para el Gobierno, que dio señales en ese sentido con el cierre de la negociación del Club de Paris y la (muy) parcial reforma del Indec.

Más aún, la idea de profesionalizar YPF y dotarla de los recursos externos necesarios para explotar Vaca Muerta peligra ante un eventual default del Estado. Por otro lado y tal vez como aspecto más importante, la literatura económica muestra que el sector privado (y particularmente el comercio externo) es quien más sufre el default de su soberano.

A pesar de las frases beligerantes, tanto el discurso del ministro de Economía Axel Kicillof como el de la presidenta Cristina Kirchner dejaron entrever que no existe posibilidad de un default declarado. Es decir, que incluya a aquellos bonistas que sí entraron a los canjes de 2005 y 2010 con los costos económicos que eso implicaría.

Lo que no queda claro es de qué forma se piensa honrar las deudas vigentes sin negociar con los holdouts que podrían embargar dichos pagos y generar – de hecho – un estado de default. Si, más allá del discurso público, la voluntad del gobierno es la de evitar la cesación de pagos, entonces una salida razonable debería implicar el dialogo con los querellantes y el propio Juez Griesa. Lamentablemente la estrategia oficial intransigente terminó otorgando mayor poder de negociación a los holdouts, lo cual deja al país en una posición más incomoda de lo que pudiera haber estado si la lógica económica hubiera primado. De recuperar esa racionalidad depende la salud económica del país en el desenlace de esta historia.

(*) Máster en Economía. Consultor de organismos internacionales.

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