“Los mismos alfileres de ‘vudú’, el mismo cuento que termina mal…”

En plena euforia mundialista, el juez Federal Ariel Lijo procesó al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Este evento, sin antecedentes en la historia argentina, golpea fuerte al gobierno y a la línea sucesoria presidencial.

Desde el retorno a la democracia varios vicepresidentes han complicado a sus superiores más de lo que pudieron ayudarlos. Eduardo Duhalde dejó el cargo dos años después de ser electo y Menem quedó sin vice durante los 4 años siguientes, en épocas de plena consolidación democrática.

Los casos más dramáticos fueron el de Chacho Álvarez que renunció tras denunciar las coimas en el senado y el de Julio Cobos que convivió tres largos años con Cristina Fernández de Kirchner luego de votar en disidencia con el oficialismo sobre la resolución 125.

Boudou esperaba el procesamiento, pero Lijo lo resolvió muy rápido. Aunque ya  confirmó que el viernes 4 el vicepresidente podrá ampliar su indagatoria y pretende allí exponer las cuestiones políticas de la causa. La pregunta, entonces, pasa por dilucidar cuánto tiempo podrá el funcionario sostener ante la opinión pública sus argumentos ya sean políticos o los judiciales y si logrará soportar los costos.

Desde los medios de comunicación y las voces de dirigentes opositores se clama por su alejamiento del cargo. Los “moderados” piden al menos una licencia hasta que haya una sentencia. Para los “extremistas” debería renunciar e incluso dejan trascender la idea de un juicio político.

Bajo esta última postura, la eventual renuncia de Boudou produciría un golpe serio a las aspiraciones del Kirchnerismo de sobrevivir de forma autónoma al 2015 con cualquiera de sus figuras y tendría que negociar con algún dirigente afín o resignarse definitivamente a ser oposición.

Los opositores “moderados” consideran de vital importancia mantener cierto orden institucional y continuidad. Una desestabilización en la cúpula política podría complicar a quienes tienen aspiraciones presidenciales pero precisan de más tiempo para la construcción política.

Las dudas recaen sobre si Cristina Fernández de Kirchner mantendrá su postura de avalarlo en el cargo por intermedio de sus principales referentes y de continuar exponiéndolo en actos oficiales o si esperará el momento adecuado para alejarlo del cargo.

La permanencia de Boudou genera un desgaste permanente del gobierno, mientras que el avance de la causa judicial lo coloca en una situación cada vez más compleja. No obstante, su eventual alejamiento del cargo, ya sea por una licencia o por renuncia, destruiría el principal fusible mediático del gobierno. Permitiría nuevos ataques en otros frentes y, en medio de la negociación con los holdouts, podría ser interpretado por estos como una señal de debilidad.

No debe descartarse que la presidenta tema quedar involucrada en la causa directa o indirectamente porque es verosímil suponer que las acciones de Boudou han sido avaladas por CFK. Aunque podría resultar difícil probarlo judicialmente. Esto opción tal vez permita explicar su aval tácito a la embestida que Boudou hizo en su momento contra el Juez Rafecas, el fiscal Rívolo y el progurador Righi.

La causa Ciccone concentra buena parte de las críticas al oficialismo e impide que otras argumentaciones o causas adquieran fuerza ante la opinión pública. Además, el estilo del kirchnerismo ha sido defender a sus funcionarios cuestionados en los peores momentos del ataque mediático y luego buscarles una salida más discreta, como ha sucedido con Jaime y Moreno.

Los costos de sostenerlo son cada vez más altos pero desde el oficialismo tal vez piensen que su renuncia no ayudaría a descomprimir el descontento de ciertos sectores con el gobierno y es evidente que sería leído como un triunfo de la dirigencia y medios opositores. El juicio político parece no ser una opción que vaya a prosperar dada la inferioridad opositora en el congreso, pero funciona como una amenaza permanente ante la opinión pública.

El desafío también está en el frente interno. Si las críticas al vicepresidente comienzan a crecer en el Frente para la Victoria y se hacen públicas, la fragmentación interna puede ser letal y autodestructiva. En tanto no se expongan las fisuras respecto de este tema, el oficialismo tiene margen de continuar con él en su cargo. Aunque tal vez con un perfil aún más bajo.

Entre tanto, el gobierno y sus defensores utilizan el procesamiento de Macri por las escuchas ilegales como contra-argumento. Aducen que la causa contra Boudou se trata de una campaña contra el gobierno y por eso le brindan otro trato público y político que al del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La oposición, mientras tanto, usará el tema como su caballito de batalla para desgastar a un gobierno que se mantiene en el poder desde 2003 y que ha logrado sortear situaciones similares y tal vez peores.

(*) Licenciado en Ciencia Política

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