El avance de la política sobre la Justicia

Si algo grave está ocurriendo en la Argentina de estos últimos años es la intromisión del poder político en el ámbito de la Justicia. Los ejemplos sobran.

De inicio, la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006 donde se rompen los equilibrios constitucionales para designar o remover jueces. La designación de Alejandra Gils Carbó Procuradora General que, sin entrar a debatir sus aptitudes técnicas, se ha mostrado como una fervorosa militante del partido de gobierno y ha manipulado de manera directa la actuación de los fiscales que investigaban causas que involucran a funcionarios de la administración kirchnerista.

La increíble defensa que ha hecho el gobierno nacional del Juez Norberto Oyarbide frente a los distintos pedidos de juicio político sólo encuentra explicación en lo permeable que resulta el magistrado a los llamados telefónicos desde los despachos de la Casa Rosada.

El resultado de este proceso de deterioro y manipulación se traduce en un jaqueo  a la independencia de la justicia. Y sin Justicia independiente no hay estado de derecho. Uno de los resortes constitucionales para mantener grados de autonomía en la designación y remoción de jueces es la representación estamental de los abogados en los distintos Consejos de la Magistratura.

Ahora bien, la mayor herramienta de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires para actuar en defensa de las Instituciones es el Colegio Público, que nuclea aproximadamente a 80.000 matriculados activos. Se supone que este organismo es una Institución que, además de controlar la matrícula profesional y de defender incumbencias y honorarios, debe acudir para mejorar el sistema de justicia y sostener el estado de derecho alzando su voz cuando fuere necesario.

Pero esto sólo es posible si el Colegio Público mantiene un grado de independencia y autonomía respecto de los poderes de turno y de los distintos partidos que pretenden inmiscuirse en los asuntos que son materia exclusiva de los profesionales de la abogacía organizada.

Precisamente esto es lo que proponemos cambiar a partir de la elección del 29 de abril. El actual oficialismo bajo una pseudo impronta de servicios ha resultado funcional a la partidización del Colegio. Primero lo ha hecho asumiendo un rol funcional al Gobierno Nacional, ya que durante muchos años hemos asistido a la injerencia del kirchnerismo en la conducción del Colegio, hecho que llega a su punto culminante cuando se objeta la candidatura del doctor Reposo y luego se sostiene férreamente la postulación de la Dra. Gils Carbó a la Procuración.

Ahora que soplan otros vientos, el oficialismo del Colegio toma distancia del gobierno nacional. Pero no lo hace en beneficio de los abogados y los justiciables, sino porque ha formado una nueva alianza con el partido de gobierno en la Ciudad (PRO).  Alianza que expone descaradamente, incluyendo en su lista a legisladores y funcionarios del oficialismo local y hasta al mismo Daniel “Tano” Angelici, empresario del juego y presidente de Boca, que se ha convertido en el principal operador de Macri en temas de Justicia.

Desde Cambio Pluralista proponemos que el Colegio sea gobernado por abogados que respondan a los designios de la matrícula en su conjunto y no a partidos o poderes de turno. Solo así podrá garantizarse la independencia del Colegio Público y con ella, la de la Justicia misma.

(*) Abogado. Candidato a presidente por la Lista Cambio Pluralista para el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

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