La reducción de subsidios pegará en la clase media

El gobierno nacional acaba de anunciar una serie de medidas tendientes a reducir los subsidios al precio del gas natural que reciben los usuarios residenciales y comerciales de casi todo el país y a la tarifa de agua que pagan los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los más de 8 millones de consumidores de gas natural de Argentina pagan por dicho fluido un precio que es varias veces inferior a su costo de real de producción (y de importación) y la diferencia entre dichos valores los aporta el estado nacional a través de subsidios que van a parar directamente a los bolsillos de los usuarios a través de precios más bajos. El monto total de este subsidio alcanzó la cifra récord de $ 32 mil millones el año pasado y comenzó el año 2014 con una peligrosa tendencia creciente luego de la devaluación de enero de este año.

Frente al peligro inminente de una espiralización del gasto en subsidios y su correspondiente costo fiscal, el gobierno decidió aplicar un esquema de reducción paulatina en los subsidios pero centrada en el consumo residencial. En efecto, los anuncios realizados ayer por el ministro de Economía Axel Kicillof acompañado del ministro de Planificación Federal Julio De Vido confirman que el grueso de la reducción en los subsidios los aportará el sector residencial con reducciones que van desde el 17% para las categorías tarifarias más bajas a un 80% de reducción de subsidio para aquellas de mayor consumo.

El sector comercial, por otra parte, sufrirá reducciones de subsidios más moderadas de entre 3% y 12%. Como contrapartida a este anuncio el gobierno exceptuó de la reducción de subsidios a las provincias patagónicas, a aquellos hogares que muestren una reducción en su consumo de (por lo menos) el 20% con respecto al mismo bimestre del año anterior, a las familias de bajos ingresos y a la industria manufacturera. El primero y segundo por razones climáticas y sociales respectivamente, el tercero como un supuesto incentivo a reducir el consumo de gas y el último aduciendo cuestiones de competitividad de la economía. Por último el gobierno indicó que el ahorro fiscal que se obtenga de esta reducción de subsidios iría a financiar programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan Progresar.

Si bien la medida era inminente, esperada y en la dirección correcta, hay puntos que no fueron aclarados y ameritan mayor análisis. En primer lugar queda claro que será la clase media la que financie esta reducción de subsidios con aumentos en sus facturas (en promedio) que van desde el 100% para la categoría de menor consumo al 260% para la categoría de mayor consumo y con una reducción potencial en el consumo del 20% como la única forma de zafar del aumento.

Es harto sabido que el consumo residencial de gas es muy inflexible a la baja ya que nadie deja de calefaccionarse, comer o bañarse por un aumento en la factura ergo al aumento lo tendrá que pagar la inmensa mayoría de los usuarios residenciales. En segundo lugar, mantener los subsidios a la industria es incoherente con el objetivo de redistribuir el ingreso. No se entiende cómo industrias que usen al gas natural como materia prima para producir bienes exportables como una petroquímica deban ser subsidiadas por los consumidores residenciales. Estas empresas deberían procurarse su abastecimiento directamente con productores a precios libres sin ningún tipo ni de subsidio ni de regulación.

En tercer lugar, subsidiar a todos los usuarios de las provincias patagónicas tampoco parece una medida muy acertada cuando el objeto del subsidio deberían ser familias con parámetros sociales por debajo de un determinado umbral como nivel de ingreso, tamaño de la vivienda, consumo mensual, situación laboral etc. y no necesariamente el lugar de residencia de la familia. ¿Por qué una familia de clase media de una provincia no patagónica debería subsidiar a otra de clase alta que tiene una casa de veraneo en los lagos del sur? No tiene ningún sentido.

Por último, el gobierno anunció también fuertes aumentos en las tarifas para los usuarios de AySA, la empresa que presta servicios de agua y saneamiento en el AMBA que van del 180% al 400%. Esta es una medida correcta ya que AySA es una empresa altamente deficitaria que durante el año 2013 recaudó por tarifa cerca de mil millones de pesos pero que gastó más de $8 mil millones. La diferencia de $7 mil millones la aportó el estado nacional o mejor dicho todos los contribuyentes del país a través de sus impuestos y de inflación incluyendo a aquellos del interior del país que no son clientes de la compañía. En ese sentido la medida va en la dirección de que sea el usuario del servicio quien lo financie con la tarifa que paga.

En síntesis, algunas de las medidas anunciadas ayer por el gobierno parecen encaminadas en la dirección correcta (reducción de subsidios de gas y agua) sin embargo no queda claro porqué al mayor peso del ajuste lo debe pagar la clase media y no el sector comercial e industrial que además tienen acceso a combustibles alternativos.

(*) Economista – Ingeniero Industria

 

 

 

 

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