La Seguridad Vial debe ser Política de Estado

En Abril de 2008 se reglamentó la Nueva Ley Nacional de Tránsito. La normativa se había enviado al Congreso de la Nación por encargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a fines del 2007 como consecuencia del Convenio Federal firmado por todos los gobernadores del país en Agosto de ese año. La iniciativa había sido solicitada por el ex Presidente Néstor Kirchner a partir de un trabajo en conjunto realizado con los Familiares de la Tragedia de Santa Fe ocurrida en 2006 con los alumnos y una docente del Colegio Ecos de Capital Federal.

Dentro de la Ley 26.663, la novedad fue la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, órgano dependiente del Ministerio de Interior, con presupuesto propio y entre cuyos objetivos  más importante se destacan el lanzamiento de la Licencia Nacional de Conducir unificada para todo el país, el Registro de Antecedentes e Infracciones de tránsito también unificado y controles de alcoholemia en muchos puntos estratégicos.

Para que la disposición funcione a nivel nacional, todas las provincias, dada la condición de país federal, debían adherir a la misma y así instrumentar entre todos, Nación y Provincias, una herramienta fundamental para comenzar a solucionar la pandemia que se cobra la vida de más de 7000 personas por año.

Al día de hoy, Entre Ríos, Córdoba y San Luis no han adherido a la ley y Santa Fe hizo una pésima adhesión, sin comprometerse a ningún cambio a nivel nacional. La realidad marca que todos los estratos sociales, funcionarios, políticos, medios masivos de comunicación y la ciudadanía, deben hacerse cargo del tema si realmente si apunta a resolverlo. Tenemos la oportunidad histórica de que exista y se cumpla una política de estado con un objetivo muy alto trazado por la Presidenta: bajar la siniestralidad en un 50% en cinco años.

Para alcanzar la meta tan ambiciosa existe un presupuesto y estamos nosotros, un grupo de familiares que no vamos a dejar que el tema quede guardado en un cajón. Es el momento de hacernos cargo como sociedad.

Por eso, el mensaje para quienes marcan los lineamientos en sus respectivas provincias, en sus localidades, en sus pueblos, es que DEBEN TOMAR DECISIONES. Puede que, a veces, a corto plazo, lo dispuesto vaya en contra del vecino o del amigo, pero a la larga ayudará a la salvación de muchas vidas.

Logro percibir que hay un cambio a nivel general de la política vial. El verano pasado bajó la cantidad de víctimas fatales en  las rutas del país, pero considero que todavía la mayoría de los gobernadores e intendentes de los 2300 municipios que tiene nuestro país no tomaron CONCIENCIA de la problemática que tenemos. Es hora de que la asuman, dejando de lado toda especulación política.

 

*  Padre de Lucas, una de las víctimas de la Tragedia de Santa Fe.

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