Ley antipiquetes: El mensajero del Miedo

El Mensajero del miedo, un film clásico de 1962, permite pensar el giro copernicano del gobierno nacional desde las elecciones legislativas de octubre de 2013 hasta hoy. Un ejercicio que sopesa en una balanza imaginaria a los votos (poder electoral) y al relato (poder simbólico).

En el thriller político de la guerra fría, protagonizado por Frank Sinatra, el guión se basa en una novela de Richard Condon. Lamentablemente la remake de Denzel Washington de los últimos años desvirtuó completamente la esencia, pero el argumento es sencillo: En medio de la guerra de Corea, los soviéticos capturan un pelotón del ejército estadounidense y lo llevan a Manchuria en la China comunista, en donde al protagonista, hijo de una importante familia, le lavan el cerebro para que luego sea alguien manejable por los comunistas en la política estadounidense. El joven vuelve a su país condecorado como héroe de guerra, y con todas las medallas, para convertirse en un despiadado político que busque la presidencia pero al servicio del enemigo.

La película transita los miedos de los estadounidenses en la guerra fría, los de la derrota no sólo militar sino cultural. Los deseos imaginarios de aquellos que por temor a perder con “el otro”, en una suerte de profecía autocumplida, se terminan convirtiendo en “el otro”.

La pantalla grande me permite trazar un paralelismo y  analizar el cambio de trayectoria adoptado por el gobierno. Una búsqueda de retomar la iniciativa de acuerdo a nuevos retos en el que asoma en la agenda legislativa un nuevo proyecto que apunta a restringir los piquetes y a regular la protesta social.

Los diputados que firmaron el proyecto buscan mantener la línea de lo planteado por la propia Cristina Fernández de Kirchner, el 1° de Marzo de este año ante la Asamblea Legislativa, al resaltar que “no puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan, y que no pase nada”, y apunta no a prohibir, sino a regular la misma, y evitar los trastornos producto de los cortes de calles, rutas y autopistas.

El proyecto significa un verdadero cambio de enfoque en la política de tolerancia hacia la protesta social que este gobierno mantuvo desde 2003 en busca de prevenir episodios como el de Kosteki y Santillán en Junio de 2002. Esta política evitó “la criminalización” de la protesta social y buscó dar respaldo a las mismas, evitando acciones represivas que terminen erosionando la siempre difícil “gobernabilidad democrática”.

Desde el oficialismo, en Diputados, se intentó dejar en claro que la nueva norma no apunta a criminalizar la protesta social y por eso no posee ningún artículo donde se establezcan penas contra los manifestantes. Por el contrario, afirman que buscan regular las manifestaciones sociales y  garantizar que gocen del resguardo del Estado, ahorrando problemas a terceros y protegiendo a los manifestantes.

Lo cierto es que el proyecto sorprende por su carácter represivo en gran medida, pero sobre todo, por darse en el contexto de un gobierno en retirada que inició su anteúltimo año en el poder con tres noticias que distan mucho de continuar la agenda progresista: la devaluación y las medidas ortodoxas para evitar una crisis económica, la quita de subsidios y el acercamiento al Fondo Monetario.

En esta misma línea, un proyecto de este tipo, que es más propio de los “candidatos del orden” que del discurso articulado por el Frente Para la Victoria, remarca el giro del gobierno o la necesidad, al menos, de dar respuesta de contención política para terminar con la sangría de Intendentes y dirigentes más preocupados por imaginar el poskirchnerismo que por pagar sueldos a principios de cada mes.

Los piquetes son, sin lugar a dudas, sobre todo para aquellos que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, un problema diario que dificulta el tránsito y genera caos en varias hectáreas a la redonda. La solución para el gobierno pasa, entonces, por lograr una legislación a medida que como marca el proyecto diferencie entre protestas “legítimas” y protestas “ilegítimas”.

Las primeras serían aquellas que, de acuerdo a la futura norma, hayan sido notificadas 48 horas antes de la realización a las autoridades policiales y que no obstaculicen el libre tránsito o circulación de forma total, permitiendo la circulación especialmente de grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, enfermos o discapacitados. Por el contrario, aquellas que no aseguren ésto, ni hayan avisado a las autoridad policial, serán declaradas “ilegítimas” y la policía tendrá poder y orden para dispersarlas pero sin la utilización de armas de fuego o letales.

Más allá de las palabras y el tono del proyecto, es llamativo el tipo de norma que busca sancionarse. En primer lugar, pensar en un gobierno que se desenvuelve en un año no electoral invita a reflexionar sobre la posibilidad de sancionar aquellas normas que, aún impopulares, evitan problemas  mayores y que no afectan la imagen del presidente.

Cristina no posee reelección, lo cual le da un margen de maniobra que no afecta su futuro próximo. Por lo tanto, sancionar normas de este tipo podría mejorar su imagen ante ciertos sectores sociales. Mayormente en las clases medias urbanas que sufren a diario los piquetes y no son votantes asiduos del kirchnerismo.

Por otro lado, permite avanzar en una materia legal difícil, pero que le facilitaría las cosas a su sucesor. Como ejemplo de ésto tenemos al mismísimo Lula. El ex presidente brasileño arremetió contra las favelas en Río de Janeiro en la última etapa de su gobierno dejándole el camino allanado a su sucesora: Dilma Roussef.

Un segundo punto a considerar es la “flexibilización ideológica” del gobierno en distintas áreas. En materia económica, como ya se dijo, las medidas ortodoxas, la quita de subsidios y el acercamiento con el FMI dan cuenta de un giro de 180° grados en esta área. Esta nueva legislación se enmarca en este giro, que además debe contemplar las actuaciones en materia de seguridad del propio Scioli y el origen de esta iniciativa, presentada por Juan Manuel Pedrini, hombre cercano y de confianza del actual Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El proyecto fue firmado por varios ultrakirchneristas que no contradicen a Cristina en nada de lo que plantea: Carlos Kunkel, Diana Conti y Sandra Mendoza, ex esposa de Capitanich.

El gobierno apunta a encauzar la protesta social, al igual que se hace en distintas partes del mundo, evitando que las mismas conviertan cualquier ciudad en un caos de tránsito. El uso abusivo de los piquetes, que lleva tarde o temprano a una pérdida de legitimidad de los mismos y lejos de lograr el objetivo provocan la crítica generalizada de distintos sectores, ya fue objeto de otros proyectos como los que presentó el macrismo y el Frente Renovador en los últimos meses.

En esta línea, los piquetes pierden terreno día a día como forma de protesta y se apunta a lograr una convivencia pacífica entre quienes reclaman y quienes quieren ejercer su derecho a la libre circulación, ambos establecidos en la Constitución Nacional.

Finalmente, y más allá de las críticas que recibió el proyecto por parte de la izquierda, organizaciones sociales, sectores vinculados a la Justicia, y hasta intelectuales de Carta Abierta,  muchos coinciden en que los piquetes ya son materia “regulable” y existen cientos de causas donde se han procesado a quienes encabezan protestas de este tipo.

En este sentido, la nueva norma invita a pensar sobre un cambio de rumbo del gobierno, pero también sobre cómo se toman las decisiones. ¿Estamos ante un kirchnerismo menos ideologizado?, ¿Más pragmático?  O el peronismo se prepara para la sucesión presidencial interpretando una vez más como nadie a los sentires de “la gente”.

Queda claro que tanto en la economía como en la política se viven tiempos intensos en donde los pequeños ajustes o “sintonía fina” son cosa del pasado. Y en las turbulencias que se avecinan,  la disputa parece darse entre los “mensajeros del miedo” y los que por miedo se disfrazan de mensajeros. Lo que sí sabemos es que el miedo nunca fue un buen consejero para legislar y mucho menos para ganar elecciones.

(*) Licenciado en Ciencia Política y profesor UBA.

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